Conflictos jurídicos-éticos de los fiscales y regulación positiva del principio de igualdad en la Fiscalía Penal de Pasco, 2022
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Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
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En la vida social, hay un conjunto de reglas que nos guían sobre cómo
comportarnos o qué conductas debemos adoptar en relación con las normas jurídicas.
Estas normas se establecen mediante diferentes mecanismos: pueden ser
promulgadas por el legislador o el juez (leyes o sentencias), acordadas entre las partes
(contratos) o emitidas por el órgano administrativo del Estado (reglamentos y acuerdos).
Es necesario establecer que una norma es válida, significativa y obligatoria. Sus
destinatarios deben realizar u omitir lo que se ordena en su contenido. El fundamento
de su validez radica en otras normas de rango superior. La fuerza obligatoria de las
reglas normativas no debe buscarse en un hecho, sino en la autoridad que ha
promulgado las normas válidas, las cuales pueden ser expedidas por la autoridad
competente. Dicha competencia se basa en la norma que faculta al sujeto para formular
otras normas.
El conflicto es un fenómeno inherente a toda sociedad, constituyendo un hecho
social fundamental en la vida comunitaria. Las disputas han sido una constante a lo
largo de la historia, presentes en todas las épocas y sociedades. La valoración como
inmoral o reprochable del conflicto, así como de las acciones de los involucrados, a
menudo depende de la perspectiva desde la cual se observe y evalúe el conflicto.
El progreso social, vinculado a la noción de cambio, rara vez es resultado de las
luchas sociales. Innovaciones como el radar, el sonar, los aviones a reacción, los
helicópteros, la energía nuclear e Internet son ejemplos de avances tecnológicos que
han revolucionado la vida de las personas.
La ética fiscal tiene como objetivo obtener los recursos necesarios para
satisfacer las demandas de la sociedad. Se enfoca en la doctrina social cuando afirma
que la razón pública orienta el bien colectivo, produciendo efectos positivos en la justicia
para lograr el crecimiento del empleo y sostener las actividades económicas sin fines
de lucro.
El Estado debe prevenir cualquier despilfarro de los fondos públicos, así como
evitar los abusos y las injusticias cometidas por sus funcionarios. Al considerar este
aspecto desde nuestra propia realidad, se evidencia un gran déficit en un estudio de
opinión pública sobre cultura política. La ética fiscal sugiere que los tributos deben
ajustarse a las posibilidades de cada contribuyente. De acuerdo con el principio de
capacidad económica, las leyes fiscales deberían eximir a aquellos que tienen mayores
recursos.
La acción positiva es el mecanismo implementado para acelerar el proceso de
igualdad de hecho entre hombres y mujeres. Se trata de un enfoque integral que incluye
programas, medidas o mecanismos diseñados para alcanzar la igualdad real entre
diversos grupos, no solo entre hombres y mujeres, sino también en relación con ciertas
etnias, personas con discapacidad y aquellas con orientaciones sexuales que han sido
históricamente no aceptadas. La regulación más significativa de esta acción se
encuentra en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Las medidas se comunican a través de normas, decisiones judiciales o
resoluciones oficiales. Desde el inicio de la implementación de acciones positivas, ha
habido controversia en torno a su aplicación y los argumentos en contra de estas. El
acceso a la educación, el empleo, la vivienda, los fondos públicos y la representación
política para sectores discriminados en la sociedad se enfrenta a la discriminación
positiva; la acción positiva tiene como objetivo eliminar los obstáculos y las condiciones
específicas que impiden alcanzar la igualdad efectiva, brindando beneficios a las
personas que han sido desfavorecidas debido a la discriminación, resultado de
prácticas o sistemas sociales y culturales.
La igualdad se refiere a la situación en la que dos o más personas o cosas son
consideradas iguales, con los mismos derechos o igualdad de jure, tal como está
establecido en la Constitución Política; para lograr la igualdad real o sustantiva, es
necesario ir más allá de la igualdad formal que se encuentra en leyes y normas. Las
medidas implementadas deben ser temporales y eliminarse una vez que se haya
corregido la situación. La igualdad formal entre hombres y mujeres se convierte en
discriminación al vivir en una sociedad patriarcal, donde el hombre es el referente
humano. Esto hace que las mujeres nazcan en un contexto de relaciones de poder
asimétricas.
La discriminación hacia las mujeres ocurre cuando hay distinción, exclusión o
restricción fundamentada en el sexo. Se manifiestan diversas formas de distinción
cuando se aplica un trato diferenciado que resulta en exclusión.
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