El criterio jurisdiccional sobre la ejecución de la pena en los delitos de violencia contra las mujeres, Pasco 2023

Abstract

La violencia de género es una problemática seria y extendida que requiere una solución efectiva e integral del sistema jurídico. La norma jurídica para la imposición de penas por delitos que entrañen violencia contra la mujer desempeña un papel decisivo en este contexto. Al imponer una pena de prisión, los jueces deben tener en cuenta una serie de factores que garanticen la protección de la víctima, el castigo apropiado del agresor y la prevención de otros actos violentos. El criterio jurisdiccional implica el uso de la ley y el entendimiento de las reglas según las particularidades de cada situación. Esto significa que, en los casos de violencia contra la mujer, los jueces deben considerar la gravedad del delito, las circunstancias específicas de la víctima y el agresor, y el efecto de la violencia en la vida de la víctima. Para evitar que se repita, la pena debe ser proporcional al daño causado y tener como objetivo reparar el mismo, así como rehabilitar al agresor. Además, deben ponerse en práctica salvaguardas que aseguren la protección y el bienestar de las personas afectadas. La aplicación de la Ley 30364 y la Convención de Belém do Pará es el criterio judicial clave para la imposición de penas en casos de violencia contra la mujer. Al determinar la pena, los jueces deben considerar el peligro de la infracción, las condiciones particulares del caso y el efecto de la víctima. La pena debe ser proporcional al daño y tener como objetivo proteger a la víctima y rehabilitar al agresor. La aplicación del castigo conlleva la observancia de la condena, que incluye penas privativas de libertad y medidas cautelares. Se prioriza la protección de la víctima, con medidas de atención integral y de seguridad. Aunque la protección es lo primero, también se utilizan programas de tratamiento para intentar rehabilitar al agresor. Las autoridades encargadas de la justicia deben actuar con la diligencia apropiada, investigando los hechos y facilitando el auxilio necesario de manera expedita, con el fin de que las víctimas cuenten con las vías para alcanzar la justicia. El problema en nuestro país radica en la necesidad de reforzar la implementación de este criterio legal. Esto implica asegurar la diligencia adecuada al investigar y procesar los crímenes, proteger de manera integral a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia. Para lograrlo, es fundamental poner en marcha medidas de protección efectivas, mejorar la formación de los funcionarios judiciales y concienciar a la sociedad sobre la seriedad del maltrato hacia las mujeres. Al final, para construir un país más equitativo y justo, es indispensable abordar los orígenes de la violencia de género, como la desigualdad y los estereotipos.