La corrupción en asociaciones públicas-privadas y la regulación de funciones del juez penal en los juzgados penales unipersonales Pasco, 2023

Abstract

La corrupción es un fenómeno que se manifiesta en los gobiernos y en las instituciones estatales. Este problema se origina en el deterioro de las cualidades morales de la sociedad, que se desvía de las normas éticas en su afán de obtener beneficios Los actos corruptos implican dos partes: el corruptor y el corrompido. Ambos son culpables, están interesados en ocultar el hecho. Es difícil encontrar las pruebas de la corrupción, es conocido por infidencias, se intuye por los enriquecimientos de los niveles de vida. (Sebastián, E. 2011, P.88). El ocultamiento permite que se atribuyan injustamente conductas incorrectas con mala intención. La inclinación de las personas a aceptar teorías conspirativas crea un entorno favorable para cultivar un clima de pesimismo bajo el lema "todos roban". La gravedad social de la corrupción aumenta a medida que más individuos participan en el acto. En este contexto, el caso del parlamento es más grave, ya que implica la distribución de pagos a quienes se benefician de las leyes aprobadas, en comparación con un soborno a un funcionario público. Es más grave que haya corrupción en el juzgado. Cuando el acto de corrupción se involucra a muchas personas de alto nivel, significa que se han reducido los temores que extiende la impunidad. La expansión de la corrupción minimiza la capacidad de reacción. (Suárez, M. 2023, P.77). La creación de amplios ambientes de corrupción en la gestión de estos asuntos es consecuencia de la impunidad que han disfrutado aquellos que han estado involucrados durante muchos años sin enfrentar repercusiones. En ciudades donde la corrupción es profunda y persistente, se pueden encontrar numerosos ejemplos de desfachatez, incluyendo la exhibición pública intencionada de enriquecimientos ilegítimos. El delito y la pena son dos actos que encierran uno de los misterios más profundos insondables del alma humana, cómodo y más justo que todos deben respetar el ordenamiento jurídico y los derechos de los demás, para satisfacer la pasión, la soberbia, la ira, la codicia, la envidia o la lujuria, no calman en violar derechos fundamentales de las personas, a veces, de manera horrenda, cruel y despiadada. (Suárez, M. 2023, P.12). El delito y la pena son dos conceptos que encierran uno de los misterios más profundos del alma humana. Es esencial que todos respeten el ordenamiento jurídico y los derechos de los demás; sin embargo, la búsqueda de satisfacer pasiones como la soberbia, la ira, la codicia, la envidia o la lujuria a menudo conduce a la violación de derechos fundamentales, a veces de manera horrenda, cruel y despiadada. A lo largo de la historia, los sistemas legales en todo el mundo no han conseguido encontrar una solución efectiva para separar al delincuente de la vida social, limitándose a encarcelarlo. Todo hombre y toda mujer en situaciones normales gozan plenamente de su derecho a la libertad, consignado en la Constitución por su propia voluntad, cuando cometen el delito y pierden la protección de la Constitución se someten a rigores de la ley penal. (Witker, C. 2018, P.102). El paso de la libertad a la prisión no puede ser determinado por la voluntad de la víctima ni por el deseo del propio autor, sino que debe ser una decisión del Estado a través de los tribunales, que son los encargados de administrar justicia. Al cometer un delito y perder la protección constitucional, las personas se ven obligadas a cumplir con las exigencias de la ley penal La llave que abre la puerta de una cárcel es la sentencia condenatoria, pronunciada por un juez, después de haber concluido el proceso que haya llevado a la certeza de que se ha producido el delito y descubierto al autor responsable de la ejecución. (Tarasa, 2007, p.44). El delito se manifiesta al identificar al autor responsable de su ejecución. Los procesos penales que resultan en la privación de libertad del denunciado, cuando se vulneran los derechos humanos, son fundamentales para garantizar el esclarecimiento del caso. No solo pueden concluir en una sentencia que condene a prisión, sino que, durante el trámite, el juez puede ordenar la violación de algunos derechos individuales, la intercepción de las comunicaciones entre las personas, el allanamiento del domicilio, la privación de la libertad, mediante un auto de prisión preventiva. El proceso penal es una grave amenaza contra los derechos humanos porque se convierte en un castigo antes de la sentencia. (Sosa, C. 2020, p.156). La Constitución ha establecido los principios esenciales del debido proceso para prevenir que las personas sean objeto de injusticias por parte de los poderes públicos, incluidos los jueces.