Legitimación social de las leyes penales y criminalización del delito de violencia familiar en el juzgado penal de Pasco, 2024

Abstract

La legitimación social de las leyes penales no se reduce a una mera aprobación formal, sino que depende de la percepción de la sociedad sobre la necesidad y justicia de sancionar ciertas conductas. Este proceso de legitimación implica, además, una valoración constante de los efectos reales que la criminalización genera en la vida de las personas, así como una evaluación de los daños sociales y de la eficacia de la respuesta penal en la protección de los derechos fundamentales. La aceptación social de una norma penal está, por tanto, vinculada a la capacidad de la legislación para responder a los problemas concretos que afectan a la comunidad. La interacción entre políticos y expertos en la elaboración de leyes penales es fundamental para garantizar que las normas no solo sean jurídicamente válidas, sino también socialmente pertinentes. Los expertos aportan conocimientos técnicos sobre la viabilidad económica y normativa, mientras que los políticos canalizan las demandas y expectativas sociales, asegurando que la legislación refleje los valores y necesidades de la población. Esta colaboración permite que las decisiones político-criminales estén mejor informadas y sean más eficaces en la prevención y control del delito. El proceso de legitimación de las normas penales debe considerar tres dimensiones clave: la realidad social, la coherencia ética y la aceptación democrática. La realidad social exige que la criminalización de un conflicto se base en estudios empíricos que permitan comprender el impacto real de la conducta penalizada. La coherencia ética implica que la norma penal respete los principios fundamentales del Estado de derecho, mientras que la aceptación democrática asegura que la decisión cuente con el respaldo mayoritario de la sociedad. La teoría de la legislación penal debe, por tanto, incorporar criterios de racionalización que permitan evaluar tanto la necesidad de criminalizar una conducta como los efectos sociales y jurídicos de esa decisión. Esto implica no solo analizar el daño social causado por el delito, sino también los efectos positivos y negativos de la criminalización, así como el grado de socialización del conflicto. Solo así es posible construir una legislación penal que sea justa, eficaz y legítima. La separación entre la decisión político-criminal y la elaboración técnica de la ley no debe entenderse como una ruptura, sino como una distinción metodológica que permite analizar y optimizar cada fase del proceso legislativo. La legitimidad de la decisión política sigue siendo un presupuesto indispensable para la validez y eficacia de la norma penal, ya que solo las leyes que cuentan con el respaldo social y ético pueden cumplir plenamente su función de control social y protección de derechos fundamentales. El proceso mediante el cual se legitiman las leyes penales está sometido a la racionalización, es decir, debe seguir reglas y principios claros que faciliten tanto su redacción como su interpretación y aplicación. Los criterios que guían la racionalización en la elaboración de las normas penales están condicionados por la legitimidad que se obtiene a través del consenso en los órganos encargados de tomar decisiones. La decisión político-criminal funciona como un axioma dinámico, ya que es el punto de partida inicial que se mantiene en constante cambio y evolución hasta que la norma es promulgada y entra en vigencia. Es fundamental diferenciar entre la teoría de la legislación penal y la política criminal, ya que la primera se centra en el proceso de creación de la ley y la segunda en la decisión de qué conductas deben ser castigadas. En el contexto actual, la violencia familiar y de género ha aumentado significativamente, lo que ha llevado a una mayor criminalización y penalización de estas conductas. El objetivo principal debe ser analizar las causas estructurales de la violencia, contrastando con la respuesta penal del Estado, que debe ser evaluada en cuanto a su eficacia y que debe complementarse con políticas y lineamientos criminológicos orientados a la prevención, reducción y control de la violencia familiar La influencia que ejerce la familia en la formación de los valores individuales y sociales es fundamental, ya que en ella se aprenden las primeras normas de convivencia, el sentido de la justicia y el respeto a los derechos de los demás. Este aprendizaje temprano sienta las bases para el desarrollo de una personalidad equilibrada y permite que el individuo se integre de manera armoniosa en los diferentes espacios sociales a lo largo de su vida. Por ello, es esencial que la sociedad promueva políticas y programas orientados a fortalecer la función educativa y protectora de la familia, así como a prevenir y atender situaciones de violencia intrafamiliar. Solo así será posible garantizar que la familia siga siendo un espacio seguro y positivo para el desarrollo humano, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la dignidad de todas las personas.