Imposición de prisión preventiva y vulneración del derecho de Presunción de inocencia del imputado en el Juzgado Penal de Pasco, 2022

Abstract

En nuestro país, la prisión preventiva se define como una medida cautelar de carácter coercitivo, personal y temporal que limita la libertad del individuo durante un breve periodo. Esta decisión judicial se adopta con el fin de garantizar que el proceso penal contra el imputado no sufra obstrucciones, interrupciones o retrasos. Aunque conlleva la privación de libertad, no debe interpretarse como un adelanto de condena, ya que no se presume la culpabilidad del imputado de manera evidente. La prisión preventiva no debe ser la regla general; su uso debe ser excepcional y restringido a situaciones donde sea necesario para asegurar el adecuado desarrollo de las investigaciones y la posible ejecución de una sentencia condenatoria. (Tomas, A. 2005, p.88). El Tribunal Constitucional ha indicado que su propósito es garantizar el éxito del proceso penal y no debe considerarse una medida punitiva, lo que implica que no se debe prejuzgar sobre la culpabilidad del imputado, respetando así el principio de presunción de inocencia. Esta medida cautelar tiene como objetivo salvaguardar la eficacia del sistema judicial. En nuestro marco procesal, el juez cuenta con diversas alternativas a la prisión preventiva, tales como la detención domiciliaria, la comparecencia simple o restringida, la caución y el impedimento de salida del país. Solo en caso de que estas alternativas no sean viables se recurrirá a la prisión preventiva de manera excepcional. (Tucto, D. 2019, P.77). Es relevante señalar que esta medida es drástica y aflictiva; por ello, el legislador establece requisitos objetivos y concurrentes según lo estipulado en el Código Procesal Penal Los elementos de convicción son actos de investigación realizados por la Policía y la Fiscalía que respaldan la existencia creíble de una imputación por un delito a una persona específica. Estos elementos, considerados como pruebas de cargo, se presentan en audiencia para sustentar la solicitud de prisión preventiva. (Tapia, M. 2021, p..102). La presunción de inocencia está protegida por diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para Ferrajoli, las garantías procesales buscan limitar el poder judicial y reducir al mínimo las arbitrariedades en el proceso judicial. El garantismo, según Ferrajoli, se entiende en tres aspectos: como un modelo normativo del derecho, como una teoría jurídica y como una filosofía política. Todas las garantías, tanto penales como procesales, están diseñadas para disminuir el poder punitivo del Estado y limitar el margen de arbitrariedad judicial, así como la severidad de las penas. (Rawls, J. 2006, p.77). El derecho penal se justifica solo si se cumplen las garantías tanto sustantivas como procesales. Las garantías consagradas en la constitución son fundamentales para legitimar las decisiones penales. Por otro lado, las garantías procesales se integran en el derecho a una tutela judicial efectiva, especialmente en el ámbito penal, donde se abordan las formas más graves de desviación dentro de límites racionales y principios establecidos.