Las medidas de protección judicial de las mujeres y el delito de desobediencia a la autoridad en el juzgado penal de Pasco, 2023

Abstract

El sistema judicial peruano protege los derechos de las mujeres mediante un marco normativo amplio y racional, integrado por actores sociales, instituciones estatales y organismos internacionales. La Ley 30364 (contra la violencia de género) y el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) establecen medidas como prohibición de acercamiento, restricción de contacto y protección de menores, respaldadas por sanciones penales para su incumplimiento (artículo 368 del Código Penal). Estas normas se alinean con estándares de la ONU. A pesar del avance legal, persisten brechas en la ejecución, falta de supervisión policial: La Policía Nacional no verifica eficientemente el cumplimiento de medidas, especialmente en zonas rurales. Limitaciones en zonas alejadas, servicios como la línea 100 y los hogares de refugio temporal son insuficientes. El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad es un ilícito penal cometido por particulares o extraneus (personas sin relación funcional con la administración pública) que se niegan a cumplir órdenes legítimas impartidas por funcionarios competentes. La figura se configura cuando el sujeto activo, consciente del mandato, incumple o obstaculiza su ejecución, afectando el orden jurídico público. Según el artículo 368 del Código Penal peruano, este delito protege la autoridad estatal y la función ejecutiva de la administración pública. La efectividad de la orden depende de su legitimidad (emitida por funcionario competente) y conocimiento del sujeto (notificación formal). Si la orden es ilegal o imposible de ejecutar, no se configura el delito.