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Regulación del derecho a un plazo prudencial dentro del proceso penal peruano. Análisis y perspectivas. Pasco. 2022.

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Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

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Se realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar luego de una revisión y análisis de la documentación legislativa nacional e internacional referida al cumplimiento de los plazos procesales penales y plantear las recomendaciones y sugerencias de tipo legislativo orientadas a optimizar su tipificación, eficacia y aplicación en el ámbito penal. Al respecto se elaboró un Cuestionario para evaluar la percepción y opiniones sobre el cumplimiento de los plazos procesales penales y se recogió una serie de recomendaciones y sugerencias orientadas a controlar y sancionar estos retrasos. El cuestionario se aplicó a un grupo de operadores jurídicos (Docentes y alumnos de la Facultad de Derecho de la UNDAC, Jueces y Fiscales en lo penal, así como abogados penalistas y constitucionalistas. El cuestionario fue sometido previamente a su aplicación a procedimientos para determinar su validez y confiabilidad. El tipo de investigación fue esencialmente cuantitativa porque las respuestas al cuestionario fueron procesadas estadísticamente. El procesamiento estadístico fue realizado con el programa estadístico SPSS versión 25 y se recurrió a la Razón Chi Cuadrado para una sola muestra a fin de determinar cuál era la opinión predominante en cada ítem considerado en el cuestionario y esta manera se obtuvo un panorama general y detallado sobre el problema analizado. Se establecieron las conclusiones que señalaron que el incumplimiento de los plazos procesales penales, aparte de constituir una violación flagrante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de los procesados, posibilita su utilización maliciosa en vista de las consecuencias juridifico - penales que implican. Se recomendó incorporar una norma legislativa que regule y sancione los plazos procesales penales señalando que el juez de la causa se encargue de su cumplimiento bajo responsabilidad. Se sugirió la creación de un órgano especializado en Control de Plazos de los Procesos Penales e incorporarlo al sistema procesal. Se planteó un modelo de Proyecto Legislativo. Se formularon las conclusiones y recomendaciones del caso y se elaboraron las respectivas tablas y gráficos.

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