Ejercicio funcional de administración de justicia y cautela del delito de corrupción de funcionarios públicos en el Juzgado Penal de Pasco, 2022

Abstract

La administración de justicia constituye la herramienta fundamental del Estado para garantizar el cumplimiento de sus funciones y alcanzar los objetivos establecidos en las normas constitucionales, ordinarias y extraordinarias. En este sentido, estudiar tanto la infraestructura como la superestructura judicial es crucial, ya que forman la base material y lógica que sostiene el sistema de justicia y permite desarrollar las razones legales que fundamentan la justicia misma. Siguiendo la visión del reconocido intelectual Fix Zamudio, la administración de justicia es la actividad jurisdiccional estatal encargada de proporcionar certeza, seguridad y protección de las libertades, conforme al modelo de gobierno y la gestión de los tribunales. Así, la administración de justicia no solo implica la aplicación de normas, sino también la organización y gestión integral del aparato estatal destinado a cumplir esta función esencial. La infraestructura judicial comprende los elementos físicos, humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para ejecutar eficientemente la función pública judicial. Esta base material sustenta la superestructura, que está conformada por las normas, instituciones y valores jurídicos que guían la labor jurisdiccional. Por tanto, la administración de justicia se percibe como un sistema complejo donde infraestructura y superestructura interactúan para garantizar el orden jurídico y la justicia social de manera efectiva y equitativa. Particularmente, la corrupción de funcionarios públicos genera un impacto normativo más grave, pues implica la traición al deber público y afecta directamente el patrimonio y los derechos de la sociedad, lo que exige respuestas jurídicas y sociales contundentes para su prevención y sanción. Este análisis muestra la complejidad del fenómeno de la corrupción y la importancia de comprender las bases doctrinales del dominio del hecho para aplicar correctamente la responsabilidad penal en el contexto de la administración pública.