Impacto del derecho penal ambiental peruano y cautela de los daños del medio ambiente en la fiscalía ambiental de Pasco, 2022

Abstract

En la actualidad, es de suma relevancia experimentar un interés genuino y asumir un papel activo en el derecho penal ambiental. Esto se debe a que la contaminación y el deterioro constante del medio ambiente, causados por las actividades humanas, se han vuelto incontrolables e incompatibles con el equilibrio natural. Los seres humanos somos conscientes de la necesidad de evitar que los daños al medio ambiente se concreten. Tenemos en cuenta que estos daños pueden ser irreparables y expandirse fácilmente debido a la naturaleza interconectada de los recursos naturales. Entendemos que cuando se ataca a los recursos utilizados para la producción en el medio ambiente, esto puede tener un impacto negativo en la salud, la economía y la sociedad en general. Es conveniente afirmar que el derecho penal, con su capacidad de imponer sanciones, se convierte en un instrumento efectivo para prevenir que las actividades humanas se lleven a cabo de manera irresponsable, que causaron los daños al medio ambiente por parte de la población sin ética ni cultura. El derecho ambiental, busca concientizar a los ciudadanos, tiene como objetivo principal evitar la contaminación y el deterioro del entorno. Los delitos son castigados, y el riesgo se considera una consecuencia directa de la lógica preventiva en el ámbito ambiental. Existen diferentes enfoques, como la inclusión de delitos ecológicos o contra el medio ambiente, así como la creación de leyes específicas que aborden sus particularidades, los delitos ecológicos se definen como acciones llevadas a cabo sin justificación social, motivadas por intereses económicos, que alteran de manera irreversible y grave el sistema ecológico. Cuando se cometen delitos, se penaliza el riesgo en el ámbito ambiental, especialmente después de que se reconociera constitucionalmente el medio ambiente. Esto ha llevado a diversas iniciativas legislativas destinadas a reformar el Código Penal, incorporando la clasificación de los delitos ambientales según la normativa vigente. El problema del daño ambiental es intrincado. Esta complejidad se debe a la naturaleza amplia y poco precisa del bien jurídico que se protege, que incluye aspectos como el medio ambiente, las garantías constitucionales y la aplicación excepcional del derecho penal. La legislación penal tiene como objetivo la protección del medio ambiente y se encuentra integrada en diversas normativas, incluyendo las disposiciones relevantes del Código Penal, el Código Procesal Penal y las Leyes sobre Residuos Peligrosos. El marco penal castiga las conductas que afectan al entorno. Se clasifican como delitos ecológicos aquellas acciones que se llevan a cabo sin una justificación social y con fines lucrativos, que provocan alteraciones graves en el sistema ecológico. En la actualidad, el desafío más urgente que enfrenta la sociedad pasqueña es mitigar los impactos negativos que las actividades de nosotros mismos que han causado daño al medio ambiente. Estos efectos son resultado del uso de la tecnología y el aumento de la población, que han alterado el clima y generados residuos contaminantes que afectan la salud de la población. La actividad tecnológica sin control produce cambios negativos en nuestro entorno, tanto local como global, provoca un descontrol en el desarrollo social, ya que impide la generación de daños irreversibles al planeta Tierra. La falta de alineación entre el conocimiento científico y el social resulta en una desprotección de la naturaleza frente a las acciones humanas, los progresos de la humanidad en las últimas décadas no se ajustan al desarrollo económico e industrial, ni al marco físico, ni al concepto de sostenibilidad. De acuerdo con la Constitución, el medio ambiente se establece como un bien jurídico que debe ser disfrutado y los ciudadanos tienen la responsabilidad de conservarlo como parte de su cultura; esta obligación es compartida tanto por los poderes públicos como por la sociedad en su conjunto Los ciudadanos tienen el derecho de demandar a las autoridades que implementen las acciones necesarias para asegurar una protección adecuada del medio ambiente, así como el derecho a vivir de manera sana y saludable, el estado establece la responsabilidad de que todos los individuos cuiden y respeten el entorno; tanto a nivel individual como colectivo, los ciudadanos deben involucrarse en la labor de protección efectiva del medio ambiente; por lo tanto, es esencial contar con los recursos apropiados en el proceso de toma de decisiones públicas. La protección del medio ambiente busca examinar las medidas preventivas en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, destacando que la normativa actual debe ser completa.