http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/230 2026-08-24T06:28:20Z http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6522 Título : Ejercicio funcional de administración de justicia y cautela del delito de corrupción de funcionarios públicos en el Juzgado Penal de Pasco, 2022 Autor : Villegas Arce, Rosa Monica Resumen : La administración de justicia constituye la herramienta fundamental del Estado para garantizar el cumplimiento de sus funciones y alcanzar los objetivos establecidos en las normas constitucionales, ordinarias y extraordinarias. En este sentido, estudiar tanto la infraestructura como la superestructura judicial es crucial, ya que forman la base material y lógica que sostiene el sistema de justicia y permite desarrollar las razones legales que fundamentan la justicia misma. Siguiendo la visión del reconocido intelectual Fix Zamudio, la administración de justicia es la actividad jurisdiccional estatal encargada de proporcionar certeza, seguridad y protección de las libertades, conforme al modelo de gobierno y la gestión de los tribunales. Así, la administración de justicia no solo implica la aplicación de normas, sino también la organización y gestión integral del aparato estatal destinado a cumplir esta función esencial. La infraestructura judicial comprende los elementos físicos, humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para ejecutar eficientemente la función pública judicial. Esta base material sustenta la superestructura, que está conformada por las normas, instituciones y valores jurídicos que guían la labor jurisdiccional. Por tanto, la administración de justicia se percibe como un sistema complejo donde infraestructura y superestructura interactúan para garantizar el orden jurídico y la justicia social de manera efectiva y equitativa. Particularmente, la corrupción de funcionarios públicos genera un impacto normativo más grave, pues implica la traición al deber público y afecta directamente el patrimonio y los derechos de la sociedad, lo que exige respuestas jurídicas y sociales contundentes para su prevención y sanción. Este análisis muestra la complejidad del fenómeno de la corrupción y la importancia de comprender las bases doctrinales del dominio del hecho para aplicar correctamente la responsabilidad penal en el contexto de la administración pública. 2026-07-14T00:00:00Z http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6513 Título : Competencia de los jueces de paz para imponer medidas de protección en los delitos de violencia familiar. Pasco 2022 Autor : Grados Medina, Keuffel Washington Resumen : Se llevó a cabo una investigación con el propósito de determinar, mediante la revisión y análisis de la legislación nacional e internacional y los procedimientos estadísticos respectivos, si es pertinente y legal que los jueces de paz tengan la competencia jurisdiccional para imponer medidas de protección en defensa de la mujer agredida. Como muestra se utilizó un grupo de empleados judiciales de los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Pasco. Para lograr este objetivo, se administró un cuestionario tipo Likert para evaluar la variable considerada. Este cuestionario se aplicó a un conjunto diverso de profesionales del ámbito legal, incluyendo trabajadores judiciales, estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNDAC, jueces, fiscales en lo penal, así como abogados penalistas y constitucionalistas. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico de tipo criterial, antes de la aplicación, se sometió el cuestionario a procedimientos para determinar su validez y confiabilidad. El enfoque de la investigación fue predominantemente cuantitativo, ya que las respuestas fueron procesadas estadísticamente. El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS versión 25 y se empleó la Correlación Chi Cuadrado, dado que la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para verificar la normalidad de la distribución de los puntajes mostró puntuaciones superiores a p: 0.05. Los resultados del procesamiento estadístico respaldaron la hipótesis planteada, demostraron que los jueces de paz, de acuerdo a la legislación vigente, tienen competencia jurisdiccional para imponer medidas de protección en defensa de la mujer agredida. Se formularon conclusiones y recomendaciones basadas en los hallazgos. Los datos recopilados se presentaron en tablas y gráficos pertinentes. 2026-07-01T00:00:00Z http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6448 Título : El criterio jurisdiccional sobre la ejecución de la pena en los delitos de violencia contra las mujeres, Pasco 2023 Autor : Cueva Osorio, Yulan Karla Resumen : La violencia de género es una problemática seria y extendida que requiere una solución efectiva e integral del sistema jurídico. La norma jurídica para la imposición de penas por delitos que entrañen violencia contra la mujer desempeña un papel decisivo en este contexto. Al imponer una pena de prisión, los jueces deben tener en cuenta una serie de factores que garanticen la protección de la víctima, el castigo apropiado del agresor y la prevención de otros actos violentos. El criterio jurisdiccional implica el uso de la ley y el entendimiento de las reglas según las particularidades de cada situación. Esto significa que, en los casos de violencia contra la mujer, los jueces deben considerar la gravedad del delito, las circunstancias específicas de la víctima y el agresor, y el efecto de la violencia en la vida de la víctima. Para evitar que se repita, la pena debe ser proporcional al daño causado y tener como objetivo reparar el mismo, así como rehabilitar al agresor. Además, deben ponerse en práctica salvaguardas que aseguren la protección y el bienestar de las personas afectadas. La aplicación de la Ley 30364 y la Convención de Belém do Pará es el criterio judicial clave para la imposición de penas en casos de violencia contra la mujer. Al determinar la pena, los jueces deben considerar el peligro de la infracción, las condiciones particulares del caso y el efecto de la víctima. La pena debe ser proporcional al daño y tener como objetivo proteger a la víctima y rehabilitar al agresor. La aplicación del castigo conlleva la observancia de la condena, que incluye penas privativas de libertad y medidas cautelares. Se prioriza la protección de la víctima, con medidas de atención integral y de seguridad. Aunque la protección es lo primero, también se utilizan programas de tratamiento para intentar rehabilitar al agresor. Las autoridades encargadas de la justicia deben actuar con la diligencia apropiada, investigando los hechos y facilitando el auxilio necesario de manera expedita, con el fin de que las víctimas cuenten con las vías para alcanzar la justicia. El problema en nuestro país radica en la necesidad de reforzar la implementación de este criterio legal. Esto implica asegurar la diligencia adecuada al investigar y procesar los crímenes, proteger de manera integral a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia. Para lograrlo, es fundamental poner en marcha medidas de protección efectivas, mejorar la formación de los funcionarios judiciales y concienciar a la sociedad sobre la seriedad del maltrato hacia las mujeres. Al final, para construir un país más equitativo y justo, es indispensable abordar los orígenes de la violencia de género, como la desigualdad y los estereotipos. 2026-07-19T00:00:00Z http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6440 Título : El principio de imputación objetiva necesaria y su calificación en el delito de abuso de autoridad, Pasco 2023 Autor : Huaroc Ponce, Nilton Marx Resumen : El problema con el principio de imputación objetiva y su aplicación al delito de abuso de autoridad en Perú se deriva de una serie de factores relativos a la forma en que el derecho penal se interpreta y utiliza en situaciones particulares. En primer lugar, puede resultar difícil demostrar una relación directa entre la actividad de un funcionario público y el resultado ilegal que afecta a los derechos de los ciudadanos cuando se trata de abuso de autoridad. A menudo no está claro cuándo puede atribuirse objetivamente la responsabilidad de una conducta abusiva, sobre todo en los casos en que no hay pruebas concretas de que la actuación del funcionario fuera intencionada. Esto dificulta la tipificación de estos delitos y puede dar lugar a lagunas legales que permitan que algunos comportamientos abusivos continúen impunes incluso cuando el dolor de la víctima es evidente. Además, la aplicabilidad del principio de imputación objetiva puede verse influida por el clima político y social de nuestra nación. En muchos sectores públicos, la corrupción y la falta de transparencia prevalecen en muchos sectores públicos. dificultan la detección de los abusos de poder. porque las organizaciones encargadas de vigilar y controlar el poder suelen estar controladas por personas influidas o comprometidas por quienes cometen estos abusos. Esto crea una atmósfera de impunidad, donde el sistema judicial, que en ocasiones no aplica con precisión los principios de imputación objetiva, no ofrece protección a las víctimas de abusos de autoridad. Por lo tanto, es difícil encontrar un equilibrio entre la objetividad de la acusación y la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales; frente a las actuaciones caprichosas de los funcionarios públicos. Una idea fundamental en derecho penal es el principio de imputación objetiva, que responsabiliza a una persona de un determinado resultado siempre que pueda vincularse a sus acciones, basada en un vínculo objetivo y causal. Esta idea trasciende la simple comprensión de una acción; también incluye evaluar si las acciones del sujeto produjeron o podrían haber producido el resultado objetivamente, independientemente del objetivo subjetivo del agente. La imputación objetiva es relevante para analizar si un funcionario público vulnera con sus actos los derechos de alguien y, en consecuencia, realiza una conducta que afecta objetivamente al derecho en el contexto de los delitos de abuso de autoridad. El delito de abuso de autoridad se comete cuando alguien en una posición de poder viola los derechos de otra persona sin motivo o abusando de su posición de control. De este modo, calificar el delito según el principio de imputación objetiva implica averiguar si la actuación del funcionario o de la figura de autoridad produjo realmente un resultado ilegal que violó claramente los derechos de alguien. Al establecer un vínculo causal directo entre el abuso de poder y el resultado ilegal, este enfoque pretende comprender el comportamiento no sólo en su dimensión individual, sino también en conexión con el orden público y los derechos individuales. 2026-06-19T00:00:00Z